martes, 27 de junio de 2017

Pescadores y cazadores, en pie de guerra


Los aficionados a la pesca y a la caza en España, además de todo el sector que rodea estas actividades y sobre todo el mundo rural, se encuentran desde el martes en una situación de indignación que es un clamor, tras haber sido engañados por algunos de los partidos políticos españoles más importantes, como PSOE y Ciudadanos -Podemos ya había avisado que votaría en contra-, que no apoyaron la petición que había formulado el Grupo Popular para la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Una ley que estaba previsto que se hubiera modificado, para que se permitiera la caza y la pesca de especies exóticas invasoras en áreas cinegéticas, y que tenía por objeto compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no suponga un problema ambiental.
Esta modificación también pretendía aclarar una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo por la que se incluyó ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especias invasoras, como es el caso de la carpa, la trucha arco iris, los cangrejos, el black bass o el arruí.

Finalmente se procedió a la votación, a propuesta del PP, y los grupos anteriormente señalados no cumplieron su palabra de apoyar esta modificación, palabra empeñada desde hacía meses, y que, como en el caso del PSOE, no solamente no apoyaron esta votación sino que votaron en contra, lo mismo que hizo Podemos, contando además con la abstención de Ciudadanos.


jueves, 22 de junio de 2017

Una sentencia impide cazar en Castilla y León


      La caza en Castilla y León es una actividad legal y es además una de las prácticas más controladas normativamente para asegurar el aprovechamiento racional de las especies garantizando su conservación.
Como consecuencia de la continua judicialización de las normas cinegéticas que vienen provocando varias asociaciones anticaza con ideología única y excluyente, se está afectando de forma sistemática a la práctica cinegética, sin importar en absoluto las graves consecuencias que pueda tener sobre el conjunto de la población de nuestra comunidad y especialmente la del medio rural.
     Con independencia de su repercusión social como actividad lúdico-deportiva, la caza es fundamental para la correcta gestión de la fauna y el medio ambiente y para la economía de Castilla y León; es dinamizadora del medio rural, crea y mantiene empleo, genera riqueza inducida en el sector servicios, no sólo en el cinegético, y es una importante fuente de ingresos también para la Hacienda Pública. Además de lo anterior, no controlar la fauna pone en peligro la vida de las personas en accidentes que ésta puede causar en las carreteras y afecta de forma muy importante al sector agrario por los daños a los cultivos y la posible transmisión de epizootias a la cabaña ganadera por superpoblación. Precisamente en las últimas semanas, la Administración autonómica, la Federación de Caza y los sindicatos agrarios y ganaderos habíamos llegado a un acuerdo para regular las poblaciones y reducir en lo posible los crecientes daños provocados por las especies cinegéticas.
Si como parece hay un defecto en la regulación y reglamentación de una actividad legal por parte de la Administración regional, es deber de sus responsables asumirlo y, lo más importante, es su obligación arreglarlo con carácter de urgencia.
Para contribuir a esa solución, la Federación de Caza de Castilla y León está participando con sus medios humanos y técnicos con los responsables de la Junta de Castilla y León, pero esta disposición por contribuir a un objetivo común no se puede confundir en absoluto con un respaldo incondicional de una gestión que se ha demostrado fallida en el desarrollo reglamentario de la Ley de Caza de la que la Administración es la única responsable, por acción o por omisión. No hay que olvidar que este problema se extiende desde el año 2002 y tuvo ya un grave incidente en los tribunales en el 2011, y que la Ley de Caza del 96 exigía un desarrollo reglamentario en un año y han pasado más de veinte sin hacerlo.
      La Federación de Caza de Castilla y León, en representación de los 100.000 cazadores de nuestra tierra, y contribuyendo responsablemente al bienestar y la economía del resto de los ciudadanos de nuestra región, exige de los responsables políticos de la Junta de Castilla y León las medidas técnicas, administrativas o jurídicas que sean precisas para garantizar los derechos de las personas, que no pueden estar condicionados por regulaciones deficientes o insuficientes.
     Confiamos en que las distintas instancias judiciales que intervienen o puedan intervenir en la resolución de esta situación, sepan valorar adecuadamente, en aras del interés público, los daños irreparables que sus decisiones pueden tener sobre el equilibrio medioambiental, la economía y la seguridad de las personas y en consecuencia se tomen todas las cautelas necesarias antes de perjudicar gravemente y de forma irreversible a esos intereses.

 En este momento nos toca contribuir y cooperar para que la caza se desarrolle con normalidad esta temporada, luego será el momento de reclamar responsabilidades de la forma y con la contundencia que corresponda a ésta y otras situaciones.


martes, 20 de junio de 2017

Nuevo ataque de lobo en San Mateo de Gállego


      UAGA exige al Gobierno de Aragón la captura del lobo y que se haga cargo de la responsabilidad patrimonial por las pérdidas que causa.
Un nuevo ataque de lobo a un rebaño de ovino se produjo la noche del pasado sábado en el paraje La Pallaruela, de San Mateo de Gállego. Así lo ha denunciado el sindicato UAGA en una nota de prensa.
El balance del ataque, según apuntan los ganaderos, es de 10 ovejas muertas, 18 heridas de gravedad y entre 200 y 300 desaparecidas. "El rebaño estaba dentro de un cercado eléctrico", aseguran.
UAGA exige al Gobierno de Aragón que haga todo cuanto esté en su mano para capturar al animal que "desde hace más de dos meses tiene a los ganaderos de la Comarca de Monegros muy preocupados".


Aragón no tiene una figura de protección del lobo, recuerdan, pero sí que ha de cumplir con la Directiva de Habitats de la U.E. por lo que UAGA también exige al Gobierno de Aragón que se haga cargo de la responsabilidad patrimonial como Administración, ya que los ganaderos "no tienen por qué hacerse cargo de las bajas y las pérdidas que los repetidos ataques están provocando", aseguran.
Desde el sindicato recuerdan que "el seguro no cubre la pérdida de las cuatro primeras ovejas, tampoco indemniza al ganadero por las ovejas heridas ni por los abortos que el estrés les provoca en los ataques".
Los ganaderos consideran al lobo una especie invasora, porque "Aragón no es tierra de lobos", y dicen que no van a permitir que la zona afectada por sus ataques se convierta en “zona protegida para lobos”, zona en la que escasea la caza mayor (solo hay jabalíes) y la ganadería extensiva se convierte en su alimentación.
Alegan que las recomendaciones del Gobierno de Aragón no sirven a los ganaderos, ya que con las altas temperaturas de estas fechas las ovejas no comen durante el día y "es necesario estar vigilantes día y noche para prevenir los ataques".  Aseguran que los ganaderos no pueden encerrar a sus rebaños por el alto coste de alimentación que esto supondría.

El problema de los ataques a los rebaños de ovino se suma a todos los que ya está sufriendo este sector. UAGA denuncia que en los últimos 20 años han desaparecido 1,6 millones de cabezas de ovino y más de 5.000 explotaciones en Aragón, citando datos del Gobierno autónomo. 


Los vecinos de Singra denuncian que la cabra montés causa daños en los tejados



Los vecinos de Singra y el Ayuntamiento de la localidad están “muy molestos” por los daños que están ocasionando la cabra montés, no solo en los campos de cultivo sino también en el mismo casco urbano, concretamente en los tejados de las casas. Grupos de ejemplares de cabra montés bajan de la sierra y saltan hasta las cubiertas de las casas, rompiendo tejas y produciendo daños que tienen que pagar los dueños de los inmuebles.

Tales son los daños que está ocasionando esta especie en la provincia de Teruel que en el Plan General de Caza para la temporada 2017/2018 se permite “la caza de las hembras y de sus cabritos en la modalidad de batida en aquellos cotos de caza que lo incorporen en sus planes técnicos” con el fin de estabilizar las poblaciones.


El plan de la temporada autoriza cazar hembras y crías de cabra montés en batida para equilibrar la población


En Plan General de Caza para la temporada 2017-2018 se publicó ayer en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) con algunas novedades, entre ellas una que afecta exclusivamente a la provincia de Teruel: la autorización para la caza de hembras y crías de cabra montés en la modalidad de batida en aquellos cotos de caza que lo incorporen en sus planes técnicos. El objetivo es “poder equilibrar la proporción de sexos de las poblaciones de cabra montés”, según establece la nueva orden.